Resumen: Reintegro de prestaciones percibidas indebidamente. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) revocó el subsidio de desempleo para mayor es de cincuenta y cinco años por habérselo concedido por error al no reunir en el momento del hecho causante el periodo específico de cotización necesario para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación. El juzgado de lo social, estimó la demanda del SEPE, y declaró la nulidad de la resolución del SEPE por la que se reconoció al demandado el subsidio por desempleo y se le condenó a devolver la cuantía indebidamente percibida. Recurrida en suplicación, lo estimó parcialmente y reconoció al actor el derecho a percibir el subsidio, absolviendo del resto de las peticiones contenidas en la demanda. Recurrida en unificación la Sala IV del TS no entra a examinar el recurso por falta de contradicción.
Resumen: En fecha 12.4.2021,la recurrente inició un proceso de IT derivado de accidente de trabajo sufrido el 18.3.2021 con el diagnóstico de "rotura de membrana sinovial de hombro izquierdo", siendo dada de alta el 14.7.2021. En fecha 12.4.2021 el jefe de servicio del centro de salud de Perillo y la coordinadora del SAP de Oleiros firman la comunicación de accidentes de trabajo, refiriendo que la actora lo sufrió el 18.3.2021, al subir a un escalón para alcanzar una caja de test de antígenos. En el parte de accidente de trabajo enviado por el sistema Delt@ se hace constar que el accidente se produjo en fecha 18.3.2021 y que describe "al subir a un escalón para alcanzar una caja de test antígenos, cae al suelo, sufriendo rotura parcial de la cara articular del tendón supraespinoso de aprox 1 cm que afecta a toda la circunferencia del tendón". En expediente de determinación de contingencia se propone determinar que el proceso de incapacidad temporal deriva de la contingencia de enfermedad común, cuyo contenido se da por reproducido, indicando el informe médico que no consta asistencia inicial ni evolución posterior en relación con el supuesto traumatismo sufrido supuestamente en el lugar de trabajo. Ante estas circunstancias, aunque exista traumatismo, no consta su relación con el trabajo, la baja se produce casi un mes después del supuesto accidente por lo que, en definitiva, corrobora lo indicado en el expediente de determinación de contingencia.
Resumen: RCO. Conflicto Colectivo para decidir si el personal laboral de la Administración del Principado de Asturias que se encuentra en situación de jubilación parcial, tiene derecho a disfrutar los días de permiso retribuido por asuntos particulares por antigüedad, en la proporción que corresponda al tiempo de servicios prestados. Desestima en primer lugar las excepciones de litispendencia e inadecuación de procedimiento invocadas por la demandada. Sobre el fondo del asunto razona que la administración del Principado reconoce el derecho al permiso en litigio a los trabajadores temporales y a tiempo parcial que se encuentran en una situación contractual y jurídica comparable con los jubilados parciales, sin que haya una razón objetiva que pudiere justificar esta diferencia de trato. Apreciada la ilegalidad de esas disposiciones del convenio colectivo, y como dispone el art. 163.4 LRJS, se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en su caso, pueda plantear la correspondiente acción de impugnación del convenio colectivo. Reitera STS 19 de diciembre de 2023 R. 349/2021.
Resumen: Seguridad Social (prestaciones): jubilación. Trabajadora a tiempo parcial. El coeficiente de parcialidad que fue suprimido por el RD-Ley 2/2023, y que se mantiene sin alteración en virtud del RD-Ley 11/2024, de 16 de marzo, de conformidad con la doctrina comunitaria (STJUE de 8 de mayo de 2019, asunto C-161/18) y la constitucional (STC 91/2019), no es de aplicación por considerarse discriminatorio por razón de sexo, incluso, aunque el hecho causante de la prestación sea anterior como ocurre en este supuesto a la fecha de su supresión.
Resumen: El beneficiario percibe desde el año 2016 una prestación no contributiva siendo además perceptor desde el 16 de octubre de 1997 de una prestación de protección familiar por familiar a cargo. Con fecha 30 de febrero de 2020 el interesado ejerció su derecho de opción por la pensión no contributiva de la Junta por motivo de incompatibilidad. Consecuencia de ello, el 15 de febrero de 2021 recayó sentencia judicial por la que se declaró la nulidad de las resoluciones del INSS de fecha 6 de junio de 2021 y 17 de agosto de 2021 por las que se reclamaba al interesado la devolución de las cantidades indebidamente percibidas. Por ello, el INSS tramitó expediente de revisión de actos declarativos de derecho en fecha 28 de febrero de 2022, reclamando al beneficiario la devolución.Tomando como día inicial del cómputo de la prescripción aquel en que fue reconocida la prestación que es objeto de debate por incompatibilidad, debemos retroceder hasta el 20 de octubre de 2016, sin que hasta el 6 de julio de 2021 exista resolución alguna por parte del INSS en la que manifieste aquel cobro indebido, seguido de la sentencia judicial de 15 de febrero de 2021y posterior tramitación del expediente de revisión. Es decir, todas las actuaciones que sostiene la entidad para defender su derecho fueron ejercitadas con posterioridad al transcurso del plazo prescriptivo y ninguna de aquellas actuaciones pueden entenderse como interruptoras del plazo pues se ejercitaron ya extinguida la acción.
Resumen: Reitera el trabajador (con discapacidad del 33%) la nulidad de la decisión extintiva acordada por inaptitud. Tras rechazar un primer motivo de nulidad de actuaciones vinculado a una supuesta infracción de los principios rectores de la carga probatoria cuando (como es el caso) se alegue vulneración de DDFF, examina la Sala esta causa (objetiva) de extinción contractual a la luz de la doctrina comunitaria que cita desde la incombatida dimensión que ofrece un inatacado relato fáctico que contradice el indicio de la vulneración alegada al acreditarse una serie de déficits objetivos y funcionales que, aun sin justificar una declaración de IP, no permiten considerar una injustificada discriminación por razón de enfermedad desde los principios hermeneuticos que ofrece la Norma que se cita como infringida (Ley 15/2022). Extinción que se considera ajustada a derecho ante la variedad de las limitaciones que actualmente presenta el trabajador y la imposibilidad de la adaptación de su puesto.
Resumen: La Sala desestima el recurso de la trabajadora y confirma sentencia de instancia, que declara la imposición del recargo de prestaciones de Seguridad social, en cuantía del 40 %, por accidente de trabajo causado con infracción de medidas de seguridad por la empresa, atendida la gravedad de la infracción de medidas de seguridad o de prevención de riesgos.
Resumen: La Sala estima el recurso de la Administración empleadora y revoca la sentencia de instancia, que impuso recargo de prestaciones de Seguridad social, en cuantía del 30 %, por accidente de trabajo causado con infracción de medidas de seguridad por la empresa, siendo causa del accidente la omisión de una acción de frenado, maniobra conocida por el trabajador y por cualquier conductor que desciende de un vehículo móvil, de posible y obligada realización en aquel momento y lugar, por lo que procede revocar la sentencia y desestimar la demanda, manteniendo la Resolución administrativa que no impuso el recargo de prestaciones, consecuente con el parecer en el mismo sentido de la Inspección de Trabajo.
Resumen: El actor recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que desestima su reclamación de extinción indemnizada de contrato por modificación sustancial de condiciones de trabajo, con menoscabo de dignidad. La Sala de lo Social desestima el recurso ya que, en el año 2016 el actor pasó a realizar funciones de contramaestre en lugar de coordinador de producción, decisión empresarial que no fue impugnada judicialmente, y que está incluida dentro de su grupo profesional 3, sin cambio alguno en la retribución, y si bien poco después inició una IT por enfermedad común, no puede relacionarse dicha baja con el cambio funcional o con acoso alguno, que no ha sido probado. Con independencia de la mayor penosidad que puedan suponer las nuevas funciones, no se acredita que la medida empresarial haya supuesto un atentado a la integridad psicofísica del trabajador, ni a su dignidad.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que a su vez desestimó la demanda sobre prestación no contributiva de ingreso mínimo vital, porque, en el caso, la unidad de convivencia que declara el solicitante no coincide con la que consta en el Padrón Municipal.
